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El Tribunal Electoral y la calificación de la elección presidencial

En el año de 1988 la Cámara de Diputados erigida en Colegio Electoral calificó la elección presidencial con los resultados proveídos por la Secretaría de Gobernación que daban ganador a Carlos Salinas de Gortari. La lección para los legisladores y los grupos de alto nivel (Grupo Chapultepec, Instituto de Estudios sobre la Transición Democrática) y que llego a los legisladores que la reforma política electoral fue una, la Cámara de Diputados no debería ni contar votos ni calificar la elección presidencial. Estas dos funciones fueron transferidas de manera fragmentada al Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Al partir del nuevo diseño electoral el IFE absorbió las facultades de Gobernación y la Cámara de Diputados en lo electoral, conteo de votos y certificación de ganadores. El TEPJF además de ser órgano contencioso electoral también absorbió la facultad de calificación de la elección y conteo final para nombrar al presidente electo. Para reforzar este sistema se establecieron periodos definidos para todos estos procesos, los alejó de la esfera de las decisiones políticas y del cuestionamiento constitucional al hacer del TEPJF la ultima instancia jurisdiccional del tema. El modelo con justa razón separaba la definición del ganador de la elección presidencial de la esfera de las decisiones políticas pero no enteramente de la decisión constitucional.

El pleno el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Conforme avanzó el trabajo del TEPJF, al cumplir su mandato constitucional principal que era preservar la orden del voto popular también entró a analizar otras condiciones de las elecciones a la luz de otros principios constitucionales, como la libertad, la autenticidad y la periodicidad. Es entonces que como siendo la ultimas sentencias consideraron que la autenticidad de las elecciones estaba en juego por elementos abstractos, la conocida causal de nulidad abstracta. Los casos claves fueron las elecciones de gobernador de Tabasco y Nayarit. El TEPJF ejerció con fuerza la nulidad abstracta como su interpretación de los procesos electorales a la luz de la constitución.

En la elección de 2006 conforme nuevos fenómenos políticos surgieron como la participación de los medios y de actores políticos se dio un debate en el TEPJF si esos fenómenos afectaban de manera determinante al resultado y los principios rectores de la constitución. La decisión del TEPJF fue no cumplir a petición de la Coalición “Por el Bien de Todos” de ejercer la causal de nulidad abstracta. Entonces los legisladores reformaron la Constitución, el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales y la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral en 2007 y 2008, en especifico delineando causales especificas para la nulidad de la elección presidencial. Con la reforma se limito la nulidad abstracta en la presidencial con la regulación escrita en la ley, pero esto no fue limitación al TEPJF.

A partir de 2008 el TEPJF en sus salas regionales comenzó a aplicar nuevamente la nulidad abstracta para casos específicos, la elección de presidente municipal en Acapulco y la de presidente municipal en Morelia. La nulidad en esas elecciones nuevamente recurrió a el principio de autenticidad de la elección de la Constitución pero sin mucha claridad. En estas elecciones presidenciales la Coalición “Movimiento Progresista” han solicitado la invalidez de la elección para evadir el principio regulado de nulidad en la nueva ley electoral y apelar nuevamente a el rol del TEPJF como tribunal con facultades de interpretación constitucional en lo electoral.

Regresando al principio de este texto, la calificación de la elección presidencial, que antes era una facultad política y que al dejarla en un Tribunal, que también es la máxima autoridad de interpretación constitucional en lo electoral, que ha ejercido la interpretación constitucional para anular elecciones le deja una abierta facultad de declarar no valida la elección presidencial a diferencia de cualquier elección. Hay que ser claros en la comparación de este Modelo que ha sido practicado en América Latina pero no es el único, cuando en el mundo el modelo de calificación de las elecciones lo tienen los parlamentos como solía ser México (ver Jesús Orozco Henriquez en Nohlen et. al. Tratado de Derecho Electoral Comparado en América Latina, 2007). Además la calificación de una elección es un mecanismo ultimo de carácter político para regular como ultima instancia la llegada de un gobernante al poder principal, y en México le dimos esa herramienta al TEPJF quien tiene un carácter constitucional y jurisdiccional. Es decir, hemos mezclado una herramienta política de valoración de la elección con la constitución en un Tribunal, por lo tanto es capaz de ejercer esa herramienta que es la petición de invalidez de la elección.

La lógica de que el TEPJF fuera la ultima instancia en materia electoral era evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se sobrecargara de impugnaciones en materia electoral por medio de amparos directos. El problema ha sido que esto ha restringido los derechos de los ciudadanos y los actores políticos para recurrir a los tribunales (ver caso CIDH Castañeda vs. México). En especial si se trata de la calificación de la elección presidencial, se evita que la Suprema Corte pueda hacer esta interpretación de los sucesos políticos desde una perspectiva constitucional. Pensado por ejemplo en elecciones que llegan a tribunales supremos como la elección del 2000 donde no había claridad en el computo del resultado final, donde los Jueces de la Corte, la mayoría y la minoría fue una reflexión de los sucesos políticos considerando la constitución (Caso Gore vs. Bush y leer la opinión de la minoría del juez John Paul Stevens).

Es decir, más allá de nuestra actual coyuntura y las pruebas que se ofrezcan al TEPJF sobre la elección presidencial de este año 2012, de ahí devienen diversas reflexiones sobre el tema. El primero es que el TEPJF por medio de sus sentencias y la formación de jurisprudencia dio substancia a los principios y derechos constitucionales relacionados con las elecciones, por ello la sobre regulación de la reforma 2007-2008 en materia electoral limitó lo que podía ser una necesaria reflexión en el Tribunal sobre los principios constitucionales y los nuevos o más agudos fenómenos de la democracia en elecciones. En segundo más allá de la sentencia del TEPJF en cualquier sentido, este tribunal debe reflexionar sobre los fenómenos de la elección con una visión amplia que le permite la mezcla de sus funciones constitucionales y políticas y levantar las miras en concordancia con su función jurisdiccional sin necesariamente alejarse de la legalidad sino acercándose a la interpretación. En tercer lugar esto nos debe llevar a reflexionar sobre nuestro modelo de jurisdiccional electoral ¿Debe ser el TEPJF quien haga la calificación de la elección presidencial? ¿Debería limitarse más el rol constitucional del TEPJF y dar espacio más amplio a la Corte en materia electoral? ¿No deberían ampliarse las causales de nulidad y considerar en ellas fenómenos que preocupan a nuestra democracia? Es pues una agenda importante que le daría claridad y mayor calidad a nuestros procesos electorales. Deberíamos esperar no solo altura de miras de los Magistrados del Tribunal, no ignorando sus verdaderas potencialidades, también debemos esperar una reforma de electoral que responda estas preguntas.